sábado, 21 de octubre de 2017



Los fenómenos criminales son un problema que siempre ha de existir en una sociedad democrática y de derecho, no es un fenómeno que se desarrolle no solo en nuestro país sino también a lo largo de los años se ha desarrollado a nivel latinoamericano tal es el caso, por ejemplo, de México cuyos carteles organizados de drogas han afectado la región grandemente,  es por esto que el surgimiento de políticas criminales de acuerdo a las necesidades que se presenten en el tiempo y el espacio de cada sector que sufre de fenómenos criminales en desarrollo y digo de acuerdo a los fenómenos pues por mencionar un ejemplo, de acuerdo a la lectura “Cien años de Políticas anti drogas fallidas que dieron origen a los carteles en México” se hace necesario para la prevención y represión del delito, Políticas Criminales dando el enfoque preciso a lo que estamos viviendo en el momento, hablando así de Políticas Criminales para solución de la problemática a corto y largo plazo, pues en México por malas Políticas Criminales preventivas a largo plazo se viene arrastrando con la lucha contra el narcotráfico que en lugar de disminuir crece con el pasar del tiempo. Por lo anterior, es que estas medidas deben dar enfoque a todas las áreas de la sociedad, tanto a niños con educación de calidad, jóvenes con programas de estudio y de prevención para evitar su delinquir, adultos que vean en la ayuda del gobierno una salida legal para los problemas económicos y sociales que se enfrentan día tras día.
Para lo anterior es necesario un estudio a fondo de las regiones en las cuales se está dando cierto fenómeno criminal, recordemos que no se puede generalizar en todo un país un solo fenómeno criminal, pues cada región es diferente según su población, costumbres, valores, zona rural o urbana, lo cual lleva a la utilización no solo de Políticas Criminales sino que se ven involucradas otras áreas tales como, Políticas Sociales, la Criminología y Derecho Penal, que de acuerdo a métodos deductivos y experimentales nos den las respuestas necesarias a las soluciones que se necesitan para el fenómeno criminal al cual nos enfrentamos.
Finalmente, para que una Política tenga una influencia positiva en diferentes campos debe ser bien planteada y analizada de acuerdo a  dos factores según Gudiño en su documento sobre Política Criminal y Seguridad Pública, primero por medio de opinión pública pues es la ciudadanía quien acepta y ayuda a que se cumplan los objetivos planteados y segundo por medio del poder legislativo quien es representa el poder social, de acuerdo al diagnóstico efectuado se desechan ideas sugeridas que pasan a segundo plano pues nuestro trabajo se debe acoplar a los recursos humanos y económicos existentes y al obtener esa Política Criminal se pone en ejecución para ayudar en tres campos primordiales, primero, la administración de justicia  que sea justa y equitativa en nuestro estado de derecho, sin dejar de lado las medidas represivas que la Política Criminal pone a nuestro alcance, segundo en el campo penitenciario, pues es con ella que se puede luchar contra el fenómeno de la sobrepoblación carcelaria que con métodos correctamente ejecutados se puede disminuir y tercero e igual de importante la prevención del delito que es sin duda uno de los objetivos más importantes de las Políticas Criminales. Tanto las medidas preventivas como represivas son fundamentales para el resultado positivo de la Política Criminal pues como lo menciona la lectura “la tranquilidad de todos” el delito en un país democrático y de derecho no va a desaparecer completamente sin embargo, la participación ciudadana puede hacer que estos índices disminuyan grandemente con trabajos comunitarios, policías comunitarias, fortalecimiento de la seguridad, en Costa Rica aunque delitos como el narcotráfico y  los homicidios (por mencionar algunos) van en crecimiento, sin embargo, nuestra población aún sigue creyendo en soluciones para el mejoramiento de la calidad de vida por lo cual el cambio bien planteado puede generar resultados positivos,  La Política Criminal por sí sola no dará resultado nunca, es por ello de suma importancia el involucramiento de instituciones públicas y privadas y de cada ciudadano para que tenga resultados positivos a corto y largo plazo.


Seguridad e inseguridad extraida de http://www.revista.unsj.edu.ar/revista41/politica_criminal.php



Bibliografía

La Política Criminal y el Sistema de Derecho, Prof. Dr. Bernd Schonemann, extraído de http://campusvirtual.uned.ac.cr/lms/pluginfile.php/270927/mod_resource/content/2/Dialnet-LaPoliticaCriminalYElSistemaDeDerechoPenal-46401.pdf
Cien años de Políticas anti drogas fallidas que dieron origen a los carteles en México”, David Gagne 2015, extraído de http://es.insightcrime.org/analisis/cien-anos-politicas-antidrogas-fallidas-origen-carteles-mexico.
Política Criminal y Seguridad Pública, Mtro. Julián Gudiño, extraído de http://www.tribunalmmm.gob.mx/conferencias/2001/txtConfePolJulian.htm
La tranquilidad de todos, Ministerio de la Presidencia y Planificación, extraído de https://www.mideplan.go.cr/pnd-1998-2002/Plan19982002/Economico/tranqui.htm

Derecho Procesal Criminología, Jorge Correa 2006, extraído de http://correalex.blogdiario.com/1141496460/

domingo, 15 de octubre de 2017

Nacimiento de la Política Criminal y Áreas de Influencia

La Politica Criminal nace apartir de los fenómenos criminales que están presentes en la sociedad, el cual su área de estudio, además ella está ligada a otras ciencias como el Derecho Penal, La Criminología, La Sociología, las Ciencias Políticas (Zuñiga 2011), dichas áreas son influyentes  a la Política Criminal.

La Política Criminal no es una disciplina independiente, sino una actividad del Derecho Penal que ha de irse adaptando a las transformaciones del presente y futuro inmediato." (Espinoza 2007), por lo que esta Política se adapta a cualquier situación dependiendo del tiempo y lugar, años atrás López, Rey y Arroyo 1985, esta Política se aborda por penalistas que lo abarcan de acuerdo del área jurídica, indica crecimiento lo cual también podríamos llamar los penalistas utilizaban como medidas represivas, por otro lado estaban los correspondientes que se ocupaban de velas por corregir las conductas desviadas del delincuente.

La Política Criminal esta integrada de la Política Social que debe ser eficaz para establecer una buena Política Criminal, que va a actuar en busca de esas áreas de la sociedad en las cuales el fenómeno criminal se hace presente tanto en zonas urbanas como rurales, en zonas con altos índices económicos así también en aquellas donde estos análisis son bajos, en instituciones públicas o privadas, es decir, la Política Criminal abarca un todo en el análisis del fenómeno criminal por parte del estado por medio de las ciencias políticas con las políticas sociales, criminología y derecho penal.



Bibliografía

Política Criminal y Prevención del Delito Hoy. Una Propuesta de Modelo de Prevención para el Municipio de León, basado en la Participación Ciudadana. Dr Braulio Espinoza. 2007, extraido de http://campusvirtual.uned.ac.cr/lms/pluginfile.php/270928/mod_resource/content/2/Tesis%20Politica%20Criminal%20y%20Prevencion%20del%20Delito.pdf


domingo, 1 de octubre de 2017


Como bien sabemos La política Criminal va de la mano con el Derecho Penal por lo cual considero importante conocer un poco de cual es la función del derecho Penal en nuestro país,
Antes de abarcar la función del Derecho Penal es importante conocer algunos otros términos que abarca el derecho.
Hecho Punible: El hecho punible, acción sancionada por el Derecho con una pena, también es denominado conducta delictiva, hecho penal o acción punible, (La guía El Derecho)
Ordenamiento Jurídico: Es un conjunto de normas las cuales rigen la organización legal de un lugar y su época, esto para mantener la tranquilidad y la igualdad de condiciones en la región.
En base a los conceptos antes mencionados podemos decir que la función del derecho penal es regulatoria del poder punitivo, es decir, la herramienta donde se plasma las normas del ordenamiento jurídico que regula las acciones punitivas en las cuales incurra la población.
Sin embargo, esto engloba muchos aspectos que se deben tener en cuenta para aplicar una norma correctiva a alguna acción punitiva en la que incurra algún ciudadano, ya que al ser nuestro país un estado democrático y en defensa de los derechos humanos debe acoplarse a ciertos aspectos uno de los más importantes es a lo que se conoce como Principio de Legalidad, el cual tiene un fundamento democrático-representativo (Campos2002)  está contemplado en la constitución política, en su artículo 11 el cual menciona como los funcionarios públicos deben atacar las disposiciones que estén contempladas en la ley desde la constitución Política hasta las demás leyes estipuladas en los distintos códigos del país, el artículo 28 de la carta magna el cual cita “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.” (Abarca también el principio de intervención mínima). Este principio en base a lo anterior está muy sujeto a lo que estipula la ley y por lo cual debe seguir ese lineamiento imposibilitando así al estado para que infrinja la ley con respecto a las sanciones por delitos cometidos. Es importante mencionar que este principio está respaldado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. (Gullock 2012).
Otro de los objetivos de este principio es que los ciudadanos tengan conocimiento de que ciertas conductas son castigadas con penas o sanciones y así evitar que los ciudadanos las cometan, sin embargo, estas disposiciones deben estar escritas para que sea conocida y tenga validez.
Por lo anterior el estado tiene sus restricciones para sancionar delitos, lo que no quiere decir que no pueda intervenir, si bien es cierto debe apegarse a la ley pero es el estado quien aplica las sanciones correspondientes a esa ley según el principio de legalidad, por medio de los tribunales correspondientes y constituidos conforme a la constitución y a las leyes (Vargas 2012).
Nuestro país al ser un estado que protege los derechos humanos y proteger la integridad de las personas trata de que las sanciones tengan el mínimo efecto negativo sobre los imputados, según José Luis Campos Vargas  cuando recaen muchos efectos negativos sobre el imputado esto afecta su entorno y a la sociedad, un ejemplo de ello es el buscar un empleo, lo cual resulta muy difícil para una persona que ha pasado por una condena, el caer en el sistema carcelario hace que se vea en un ambiente negativo con restricción de su libertad, además que esto nos tiene en una sobrepoblación carcelaria la cual es un problema difícil de solucionar, a raíz de lo anterior nace lo que se conoce como el Principio de Mínima Intervención donde se aplica el Derecho Penal solo en aquellos casos donde se ponga en peligro los bienes jurídicos de mayor relevancia o que afecten a terceras personas con la salvedad de que un delito tenga daño moral o alteren el orden público, en este aspecto los delitos se valoran con respecto a la región, la época en la cual se esté presentando el evento ya que estas variantes son importantes con respecto a la aplicación de las normas establecidas en  el Código Penal Costarricense, este principio es respaldado por la Constitución Política en su Artículo 28, las penas y las sanciones deben ser sólidas y con una excelente valoración de la actividad procesal defectuosa, según estos dos principios es importante mencionar que los derechos humanos son altamente protegidos por nuestra constitución política ya que  por encima de todo somos un estado de derecho y esto es fundamental para el ciudadano y la nación.
Vemos entonces que el estado democrático y de derecho limita mucho el accionar de la Política Criminal, lo que hace que  tenga que ser un análisis de mucho cuidado en su ejecución y planeamiento, estaos frente a un trabajo muy duro para la rectificación de los indices tan altos de delincuencia. Ante lo anterior surge la pregunta ¿Que acción será correcta aplicar ante esta situación tan compleja de delincuencia en Costa Rica?, refiriéndome al hecho de que la protección a los derechos humanos es fundamental, de que el sistema carcelario esta sobre saturado, que los altos jerarcas no se meten de lleno con planes de Política Criminal, necesitamos soluciones que se empiecen a desarrollar desde ya pues sino es así esto no tendrá mejoras sino por el contrario se saldrá totalmente de control.


Bibliografía.


La configuración del Derecho Penal dentro del modelo de Estado social y democrático de Derecho, José Luis Campos Varga abril 2012, extraído de http://www.espanito.com/jos-luis-campos-vargas.html
Derecho Penal, Rafael Gullock Vargas 2012 extraído de http://campusvirtual.uned.ac.cr/lms/pluginfile.php/261714/mod_resource/content/1/5277%20-%20Derecho%20penal%20%20v06.pdf